14 provincias de Ecuador tienen un «alto nivel de conflictividad» por la minería ilegal

Pese a un incremento de la minería ilegal en el país, el Gobierno impulsará nuevos proyectos mineros.

Durante la posesión del 24 de mayo de 2025, el Presidente Daniel Noboa señaló que impulsará la inversión privada y extranjera, y un sector clave es el minero.

Sin embargo, un problema que detiene esas inversiones es la minería ilegal, que está controlado por grupos de delincuencia organizada. Esto, pese a que Noboa tiene a la minería ilegal como una de sus prioridades a combatir.

A pesar de esa «prioridad», la minería ilegal sigue enlutando y deforestando al país.

El último hecho sucedió el 9 de mayo de 2025. Ese día, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados durante un operativo de control de minería ilegal en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana.

El ataque fue atribuido a Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ese hecho levantó nuevamente las alarmas sobre el impacto de la minería ilegal en casi todo el territorio nacional.

Radio Pichincha accedió a información de la Subsecretaría de Territorio del Ministerio de Energía sobre las incidencias de conflictos territoriales de la minería ilegal.

Minería ilegal en casi todo el país
De acuerdo con ello, de las 24 provincias del país, 14 de ellas tienen un nivel de conflictividad «alto» por la minería ilegal. En esa lista están la mayoría de provincias des regiones: Sierra y Amazonía.

Mientras tanto, cuatro provincias, como Carchi, Imbabura (en el norte del país), El Oro (en la costa ecuatoriana) y en Zamora Chinchipe (en el sur del país ), tienen un nivel de conflictividad «medio».

Esta última provincia del sur de la Amazonía se desarrollan las dos únicas minas formales del país que están en explotación: los proyectos de oro Fruta del Norte, y de cobre Mirador.

Y, finalmente, en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Guayas (con una historia casi nula en la actividad extractiva) tiene un nivel bajo de conflictividad.

Ese mapa de conflictividad fue proporcionado en su momento a Noboa, pero poco o nada se ha hecho para detener el avance de la minería ilegal.

«De acuerdo con el Ministerio de Energía, todas las regiones del país, excepto Galápagos, existen focos de minería ilegal, con énfasis en la Amazonía», rezaba en uno de los KPI (Indicador Clave de Rendimiento) entregados al Presidente Noboa.

Un problema de presupuesto
Carolina Suárez, exviceministra de Minería durante el Gobierno de transición de Noboa, señaló que uno de los limitantes para combatir la minería ilegal es la falta de presupuesto para desarrollar el trabajo de combate a la actividad extractiva ilegal.

Ante la falta de recursos, Suárez considera que el último proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea denominado ‘Ley de Solidaridad Nacional’ (antes se llamaba Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno) es un mecanismo adecuado para buscar financiamiento, lo que mejorará el combate a la inseguridad.

Pues, en el proyecto de ley se establece que los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en equipamiento y suministros de seguridad obtendrán una rebaja del Impuesto a la Renta. Además, los equipos y suministros que se donen deben ser nuevos y estar en condiciones óptimas.

«El Presidente está pidiendo donaciones, por ejemplo, en equipos (…), pero no en plata, para que ese dinero no se desvíe», dijo Suárez.

Sin embargo, hay analistas que cuestionan este tipo de donaciones.

El constitucionalista Mauro Andino dijo que esto podría desembocar en una menor recaudación de impuestos.

«Cuando se quiere actuar con solidaridad se lo debe hacer sin piola ni interés. De qué contribución hablan si al final el Estado dejará de recaudar lo que le corresponde. Destruyen lo público para después hacerse pasar por benefactores, pero a cambio de privilegios», dijo Andino.

 

Daniel Noboa incluye en su proyecto de ley «económico urgente» una ventaja para los grupos oligárquicos disfrazada de filantropía: Los contribuyentes que hagan donaciones de equipamiento y suministros nuevos a la Policía y a las Fuerzas Armadas, accederán a una rebaja del pago… pic.twitter.com/WqghX788qk

— Mauro Andino Espinoza (@mauroandinoe) May 18, 2025

Otras recomendaciones
La exfuncionaria del Viceministerio de Minas explicó otras acciones se deben tomar en cuenta para combatir la minería ilegal en Ecuador. En esa lista destacan:

• Activar el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim). Esta institución reemplazó a la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi).
• La información reservada que se discute y procesa en el Conim debería ser tratado exclusivamente por las máximas autoridades de los ministerio del Ambiente, Energía, Defensa, Interior (…). «Si no se hace eso, seguirá la fuga de información en el Conim, lo que provocó, por ejemplo, que 12 militares sean asesinados«, afirmó Suárez.
• Depurar a ciertos funcionarios mineros que están distribuidos en las coordinaciones zonales del Ministerio de Energía y Minas, los cuales tienen investigaciones previas en Fiscalía por delitos como filtración de información, etc.
• Mejorar el acceso a la información minera institucional
• Procurar el desarrollo económico de las zonas de influencia de la minería ilegal.

Representantes de empresas mineras que trabajan en el país también señalan que otra opción para combatir la minería ilegal es declarar a las zonas mineras como «zonas de seguridad nacional», lo que permitirá tener personal militar en esos territorios.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones