La política de Estados Unidos de enviar migrantes a terceros países los expone a tortura y graves abusos, advierten expertos
© UNICEF/Adriana Zehbrauskas Migrantes procedentes de Centroamérica en un centro situado en la frontera entre México y Estados Unidos.
Noticias ONU. Los acuerdos de Estados Unidos para trasladar migrantes y solicitantes de asilo a terceros países están creando una cadena de riesgos que puede continuar mucho después de que esas personas abandonen territorio estadounidense, advirtieron este lunes expertos independientes de derechos humanos de la ONU*.
El llamado esquema de externalización migratoria se ha extendido a más de 35 países y territorios** algunos de los cuales, según los expertos**, carecen de sistemas de asilo, infraestructura de acogida o servicios suficientes para proteger a las personas que reciben.
“Los daños causados por este esquema del Gobierno de Estados Unidos ya no son hipotéticos”, afirmaron los expertos, que señalaron riesgos de tortura y malos tratos, desapariciones forzadas y violaciones del principio de no devolución.
Ese principio, prohíbe enviar a una persona a un país donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.
Al menos 23.000 personas trasladadas
Según los expertos, Estados Unidos ha enviado al menos a 23.000 nacionales de terceros países a 29 países y territorios, mediante acuerdos que afectan tanto a solicitantes de asilo como a migrantes que se encuentran en distintas etapas de sus procesos migratorios.
También cuestionaron la falta de transparencia de esos arreglos, que, indicaron, quedan en gran medida fuera de la supervisión pública y del monitoreo independiente de derechos humanos.
Entre los riesgos documentados mencionaron la detención arbitraria o incomunicada, la falta de asistencia jurídica y debido proceso, la separación de familias, la trata de personas, la discriminación y la falta de acceso a vivienda, atención sanitaria y otros servicios básicos.
Los expertos manifestaron especial preocupación por niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT, defensores de derechos humanos y personas apátridas, entre otros grupos en situaciones de especial vulnerabilidad.
En algunos casos, señalaron, los migrantes son enviados a países con los que no tienen ningún vínculo y donde pueden encontrarse nuevamente expuestos a violencia o discriminación.
El riesgo de una cadena de expulsiones
La preocupación no termina necesariamente en el primer traslado. Algunos de los acuerdos, explicaron, permiten que el país receptor mantenga a las personas solo temporalmente y posteriormente las expulse a otro Estado.
Según los expertos, esto puede generar una cadena de devoluciones que termine llevando a una persona de regreso al país del que huyó, incluso cuando allí pueda correr peligro.
También advirtieron que un retorno no puede considerarse voluntario cuando una persona carece de estatus legal, medios de subsistencia, asesoramiento jurídico independiente o una alternativa real a regresar.
“Los Estados no pueden desentenderse contractualmente de sus obligaciones jurídicas internacionales”, señalaron.
De acuerdo con los expertos, tanto el país que realiza el traslado como el que recibe al migrante mantienen sus responsabilidades conforme al derecho internacional. Un Estado que ayude a otro a llevar a cabo actuaciones que vulneren el principio de no devolución u otras obligaciones de derechos humanos también podría incurrir en responsabilidad internacional, añadieron.
Piden suspender los acuerdos
Los expertos pidieron a los Estados y territorios involucrados suspender estos acuerdos, garantizar procedimientos de asilo justos y eficaces y establecer mecanismos de supervisión independiente y rendición de cuentas.
También se refirieron al papel de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuya asistencia a refugiados y migrantes consideraron fundamental, pero advirtieron que su participación debe estar acompañada de una estricta diligencia debida en materia de derechos humanos y no contribuir a legitimar acuerdos que puedan conducir a violaciones.
“Los derechos humanos deben situarse en el centro de la gobernanza migratoria y no ser sacrificados en aras de la disuasión”, afirmaron.
Los expertos han contactado a Estados Unidos y a los 35 países y territorios involucrados, así como al Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y a la OIM.
Tomado de Noticias ONU – Imagen: Noticias ONU