Comisión de Justicia recibe propuestas para fortalecer la investigación penal y combatir la violencia digital
La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado recibió los aportes del juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, Esteban Coronel, y del asambleísta Mario Zambrano, proponente del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Coronel planteó mantener la reserva de la investigación en casos de alta complejidad, con plazos determinados que podrían ampliarse hasta 90 o 180 días, de acuerdo con las características de cada proceso. Explicó que esta medida permitiría evitar fugas, ocultamiento o transferencia de bienes, destrucción de evidencias y otras acciones que puedan favorecer la impunidad.
El juez también propuso ampliar los plazos de investigación e instrucción fiscal para atender procesos relacionados con estructuras criminales complejas, que pueden involucrar numerosos procesados y una extensa cantidad de elementos probatorios. Señaló que estas herramientas deben garantizar investigaciones eficaces, sin menoscabar el debido proceso.
En materia patrimonial, sugirió establecer límites y controles para las medidas cautelares sobre bienes, de manera que la Fiscalía General del Estado pueda solicitar oportunamente la intervención judicial cuando existan elementos suficientes y que estas disposiciones tengan una duración determinada. Asimismo, planteó que la información obtenida mediante interceptaciones de comunicaciones que no tenga relación con la investigación sea destruida, con el fin de proteger los datos personales de terceros.
Otra de sus propuestas consiste en permitir, bajo determinadas condiciones, el uso en juicio de declaraciones, testimonios o grabaciones de personas que no puedan comparecer por fallecimiento, enfermedad o pérdida de capacidades para comunicarse. Precisó que estos elementos deberán ser corroborados con otras pruebas y no constituir, por sí solos, un sustento probatorio determinante.
Por su parte, Zambrano explicó que la propuesta incorpora medidas para proteger a las víctimas de violencia digital y evitar la continuidad de las agresiones como la eliminación, bloqueo o restricción de contenido ilícito; la prohibición de contacto digital entre agresores y víctimas; la preservación de evidencia digital y la suspensión provisional de cuentas, perfiles o canales utilizados para cometer estas conductas.
La iniciativa plantea, además, reformas a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre ellas la redefinición del concepto de violencia digital e informática, la creación de un Registro de Violencia Digital Avanzada, bajo estándares de protección de datos personales, y el impulso de políticas públicas educativas con enfoque preventivo.
También se propone adecuar las competencias de las entidades públicas a estándares y protocolos de debida diligencia, con el objetivo de fortalecer la prevención, atención y erradicación de las distintas formas de violencia digital.
Los aportes serán considerados por la Comisión de Justicia durante el análisis del proyecto, que busca fortalecer las herramientas del sistema penal frente a fenómenos delictivos complejos y establecer mecanismos de protección frente a nuevas formas de violencia.
JC – Asamblea Nacional