UNE y colectivos sociales presentan segunda acción de inconstitucionalidad contra la reforma fiscal a los GAD

Pichincha Comunicaciones. La reforma fiscal que modifica las asignaciones a los GAD enfrenta una segunda demanda de inconstitucionalidad. La UNE, el FUT y organizaciones sociales acudieron a la Corte Constitucional al considerar que la norma recorta recursos para programas sociales y afecta a sectores vulnerables.

La reforma fiscal que modifica el esquema de asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) enfrenta un nuevo frente judicial. Este 24 de febrero de 2026, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, presentó ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad contra la denominada “Ley GAD”. Es la segunda demanda interpuesta en la misma semana contra la norma aprobada por legisladores de ADN en la Asamblea Nacional.

La propuesta obliga a los municipios y prefecturas destinen al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública. Y, por otra parte, limitar el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30%. Sin embargo, los gobiernos seccionales cuestionan esta propuesta. Señalan que estarían perdiendo autonomía y pondría en riesgo varios proyectos y programas sociales, cuyos rubros, en parte, están dentro del gasto corriente.

Recortes encubiertos y presión sobre programas sociales
Quishpe compareció acompañado de su equipo jurídico, encabezado por el abogado Vladimir Anocilla, y por dirigentes sociales como Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, y Carlos Castellano, del Frente Popular de Pichincha. A la iniciativa también se sumó el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y representantes de pequeños comerciantes y trabajadores autónomos.

El mensaje, dijo, no es en defensa de alcaldes o prefectos, sino de los recursos que pertenecen a la ciudadanía. Aunque los dirigentes reconocen que existen casos de despilfarro y corrupción en ciertos municipios, sostienen que la respuesta del Ejecutivo y del Legislativo no corrige esos problemas estructurales, sino que impone un “esquema punitivo” que termina trasladando el costo a la población.

La crítica central apunta a la supresión o reducción de rubros específicos dentro de los presupuestos municipales. En particular, mencionan las subpartidas 71 y 78, tradicionalmente destinadas a inversión en personal para proyectos sociales y programas comunitarios. Con la nueva fórmula, los municipios deberán alcanzar techos del 70% o del 30% en determinadas metas para acceder a recursos, lo que, según los demandantes, restringe el financiamiento de iniciativas sociales.

Impacto de la reforma a los GAD
En Quito, advierten, esto impactaría directamente en programas para personas adultas mayores —como el conocido “60 y Piquito”— y en los centros de desarrollo infantil. La educación inicial quedaría especialmente comprometida si se elimina el financiamiento para el pago de docentes vinculados a estos proyectos. A ello se suma el riesgo para:

• Casas de acogida
• Programas de prevención de violencia
• Escuelas deportivas
• Otras iniciativas comunitarias.

Los dirigentes cuestionan lo que consideran una contradicción del discurso oficial. Es decir, mientras desde el Ejecutivo se promueven planes para evitar el reclutamiento de niños y adolescentes por redes delictivas, el recorte de recursos a políticas de prevención —afirman— debilitaría precisamente esos mecanismos de contención social.

Además, remarcan que la ley no incorpora disposiciones concretas que prohíban gastos superfluos o eventos cuestionados en administraciones locales. A su juicio, la reforma no ataca la mala gestión, sino que abre la puerta a una reducción global de recursos.

¿Ajuste fiscal para pagar deuda externa?
Uno de los argumentos más reiterados por los colectivos es que la reforma permitiría recortar alrededor de USD 1.000 millones respecto de la proyección inicial de más de 3.600 millones destinados a los GAD. Según esta lectura, el objetivo real sería redirigir esos fondos al pago de la deuda externa, incluida la contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para los demandantes, la declaratoria de urgencia económica no se justifica en términos de inversión en infraestructura o fortalecimiento de servicios públicos. Sostienen que el Gobierno central tampoco incrementó la ejecución de obra pública, mientras exige a municipios y prefecturas mantener programas y proyectos con menos recursos.

Desde esta perspectiva, la norma generaría una “asfixia económica” a los gobiernos locales que aún sostienen políticas sociales. El resultado, advierten, sería un impacto directo en niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en contextos de violencia, cuyos derechos dependen de la asignación presupuestaria.

En ese sentido, Andrés Quishpe insistió en que los recursos que financian a municipios y prefecturas provienen de ingresos permanentes —impuestos y tasas que paga la ciudadanía— y no permanentes, como el petróleo, cuya propiedad, recordó, radica en el pueblo ecuatoriano según la Constitución. Por ello, sostienen que cualquier reducción afecta derechos constitucionales y no solo equilibrios contables.

Movilizaciones y presión a la Corte
De su lado, Isabel Vargas, desde la Federación de Barrios de Quito, rechazó lo que calificó como una política económica de recortes sucesivos en salud, educación y ahora en los presupuestos municipales. Aseguró que la exclusión de los subgrupos 71 —gastos de personal en inversión— comprometería tanto la obra pública como los proyectos sociales.

Los colectivos estiman que más de 800.000 personas podrían verse afectadas a escala nacional si se consolida la reducción de recursos. En ese contexto, ratificaron la convocatoria a movilizaciones para el 13 de marzo de 2026.

Tomado de Pichincha Comunicaciones – Imagen: Pichincha Comunicaciones