Varias demandas de inconstitucionalidad a leyes del Gobierno

En Ecuador, varias leyes impulsadas recientemente por el Gobierno del presidente Daniel Noboa están siendo cuestionadas ante la Corte Constitucional por presunta inconstitucionalidad

Leyes bajo escrutinio

• Ley Orgánica de Solidaridad Nacional: Aprobada el 6 de junio de 2025, ha sido objeto de múltiples demandas. Se le acusa de concentrar excesivo poder en el Ejecutivo, permitir detenciones arbitrarias y vulnerar derechos fundamentales. También, que la normativa busca establecer un régimen autoritario, paralelo y contrario a la Constitución, con el “pretexto” de combatir la delincuencia.
• Ley de Integridad Pública: También enfrenta acciones legales. Entre los puntos más polémicos están las reformas que obligan a cooperativas a transformarse en sociedades anónimas y cambios en la evaluación de servidores públicos.
• Ley de Inteligencia: Aunque aún no se han presentado todas las demandas, se anticipan acciones por permitir vigilancia sin control judicial adecuado.

Actores que han presentado demandas

• Unidad Popular: Ha liderado varias acciones, argumentando que las leyes rompen el equilibrio democrático y abren la puerta a un régimen autoritario.
• Abogados independientes y gremios: Como la Unión Nacional de Educadores y juristas como Gabriel Salvador Lema, quienes han señalado múltiples violaciones constitucionales.
• La Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador estaría preparando acciones jurídicas en contra de la ley de Integridad Pública.
•  La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) también presentará una demanda de inconstitucionalidad.

Reacción del Gobierno

La vocera, Carolina Jaramillo, ha minimizado las preocupaciones, afirmando que las leyes cuentan con respaldo ciudadano y que quienes deberían preocuparse son los funcionarios ineficientes.

Este escenario refleja una creciente tensión entre el Ejecutivo y sectores sociales, políticos y jurídicos, donde no solo se debate el contenido de las leyes, sino también el respeto al procedimiento legislativo y al equilibrio de poderes.