Reciben pruebas testimoniales sobre la actuación de Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social
La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió pruebas testimoniales dentro de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por presunto incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la Ley. Entre los comparecientes estuvieron el defensor del Pueblo, César Córdova; la actual ministra del MIES, Zaida Rovira; y, el exlegislador por Imbabura, Mario Ruiz.
César Córdova y el delegado defensorial de Imbabura, Freddy Calle, explicaron que la entidad que tutela y garantiza el respeto a los derechos humanos, en su debido momento, desde 2022, solicitó al MIES y a la Unidad de Registro Social, adscrita a la Presidencia de la República que informen los parámetros técnicos que se aplican para la exclusión de los beneficiarios de los bonos que entrega el Estado, entre ellos, el Bono de Desarrollo Humano, en las diferentes provincias del país.
Córdova subrayó que, de la información entregada, se detectó que solo 400 casos en Guayas y 200 en Imbabura tenían inconvenientes. También se solicitó que indiquen si se cumplió el debido proceso, es decir, si se les notificó a los beneficiarios que habían salido de la base de datos para esta ayuda económica. El propósito de la Defensoría era garantizar que se cumplan los requisitos y procedimientos previstos en la ley, agregó.
La ministra, Zaida Rovira informó que en 2022 y 2023 se excluyeron de estos beneficios 34.907 ciudadanos y solo luego de que se presentaron demandas en contra del Ministerio, por la falta de notificación, se tomaron las medidas necesarias. Ahora, dijo, vamos a establecer un sistema de notificación personalizada y eficiente para que los beneficiarios que sean excluidos de las ayudas sepan las razones para esta decisión. Añadió que se prepara un Acuerdo Ministerial para que el MIES retome la atribución de revisar la base de datos, lo cual está hoy en manos de la Unidad de Registro Social.
También acudieron Mercedes Ruiz, persona de la tercera edad; y, Christian Vallejos, representante de los perjudicados por la exclusión de los bonos, quienes afirmaron que jamás se les notificó la decisión, ni les indicaron la razón para tomar esta resolución. Vallejos recordó que entre los perjudicados hay personas con doble vulnerabilidad; ciudadanos con discapacidad, inclusive hay personas que cayeron en depresión por el retiro de este beneficio y que han fallecido.
Entre tanto, el exlegislador Mario Ruiz, quien fue el proponente del juicio político en el anterior período, justificó el pedido por cuanto se vulneraron derechos de cientos de personas, solo en la parroquia García Moreno, en la zona de Íntag, cantón Cotacachi, tras recordar que el proceso de fiscalización partió de un requerimiento de información que efectuó en agosto de 2022, tema que fue conocido por la Comisión de Garantías Constitucionales, organismo que recibieron las comparecencias de las autoridades y se alcanzó un acuerdo para revisar los casos de las diferentes provincias, pero jamás se lo hizo.
Durante estas comparecencias, el extitular del MIES, Esteban Bernal aseguró que no existe incumplimiento de funciones, puesto que la exclusión de beneficiarios de los bonos responde a parámetros técnicos establecidos a través de la Unidad de Registro Social. “Todos los gobiernos, también el actual, han excluido a beneficiarios de los bonos que otorga el Estado, sobre la base de los parámetros técnicos previstos en la ley y en los reglamentos respectivos. En promedio, se eliminan 7.000 beneficiarios al mes y a la par, se registran 7.000 nuevos nombres”, dijo.
Por pedido del ponente del juicio político, Eckenner Recalde, la comisión exhibió como prueba audiográfica (audiovisual) algunos testimonios de personas perjudicadas con la exclusión de los bonos, en el marco del proceso de fiscalización desarrollado por la Comisión de Garantías Constitucionales en el período pasado.
EG/pv – Asamblea Nacional