Pleno aprueba informe de la Comisión de Transparencia sobre fiscalización del Censo Nacional 2022

Con 120 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional acogió el informe elaborado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en el marco de la fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, el cual formula recomendaciones relacionadas con el manejo de la información, inconsistencias técnicas y una evaluación del costo de este proceso.

La resolución solicita a la Contraloría General del Estado realice la auditoría de gestión a Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para que se evalúen las fallas administrativas graves en las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación, empadronamiento, comunicación, seguridad, entre otros, del Censo Nacional 2022, así como un examen especial que deberá enfocarse en la ejecución económica del Censo cuyos resultados se pondrán en conocimiento a la Comisión de Transparencia.

El Pleno ratificó la designación a la Comisión de Transparencia que, una vez concluido el proceso, continúe el seguimiento y proceso de fiscalización correspondiente al Censo Nacional, hasta su conclusión y posterioridad en todas sus instancias.

Igualmente, solicita al Ministerio de Trabajo que realice acciones correctivas, con el fin de verificar el cumplimiento del pago de sus remuneraciones, beneficios de ley y demás cláusulas contractuales que suscribió el INEC con todo el personal que labora y laboraba en el marco del Censo.

Así mismo, exhorta al INEC tome en cuenta un contingente en caso de que el Censo se extienda al 2023, hecho que preocupa, ya que evidenció que no tienen contemplado, ni presupuestado este contingente, con el riesgo que el censo únicamente por la planificación inadecuada y por su modelo de realización se obtendrán muestras, mas no un conteo universal de la población, lo que afectaría en la implementación de políticas públicas.

Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión explicó el proceso desarrollado por el organismo en la fiscalización del censo, con la única intención de contribuir a la solución de los problemas que se evidenciaron, puesto que debido a las falencias, la información presupuestaria carece de sustento técnico y supera los costos de procedimientos similares desarrollados en otros países.

Los seis legisladores que intervinieron en el debate coincidieron en que las falencias e imprecisiones, así como la falta de garantías de seguridad para los censistas, entre otros problemas, como la caída del sistema informático para el registro en línea, pueden incidir en información errónea acerca de cuántos somos y cuáles son las condiciones de vida de los ecuatorianos.

EG/pv
Asamblea Nacional

CATEGORIAS
Compartir este artículo