Juicio político: proponentes piden censura y destitución de Guillermo Lasso; defensa niega causales
Fiscalización tiene 10 días para analizar y elaborar el informe que pasará al Pleno de la Asamblea, antes de tomar una decisión final.
Punto Noticias. La fase de prueba del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso llegó a su fin, luego de que se presentaran los alegatos por parte de los proponentes. Viviana Veloz, delegada para hacerlo, presentó varias pruebas que demostrarían la responsabilidad política del Mandatario. La defensa del Presidente, por su parte, dijo que no hay causales y pidió que no se recomiende la destitución de Lasso.
Entre las pruebas presentadas, se destaca un hecho: Lasso designó a Hernán Luque en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) y le otorgó poderes, con el Decreto 163, para el control de los directorios de las empresas públicas.
Otra prueba es que sí hubo un primer informe borrador de Contraloría General del Estado con responsabilidad penal en el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Pero fue desvanecido durante la gestión del excontralor Pablo Celi, procesado por el desvanecimiento de glosas.
Veloz, de la bancada de UNES, reclamó que el actual contralor subrogante, Carlos Riofrío, no pudiera explicar por qué elementos o razones se decidió archivar el informe.
A esto, Veloz sumó la desatención a las denuncias que presentaron exgerentes de Flopec. Principalmente, de Johnny Estupiñán, quien en una carta enviada a Presidencia alerta que habría recibido presiones de Luque para sacarlo del cargo por recomendar la terminación del contrato por ser perjudicial para el Estado.
Entonces, Veloz hiló la responsabilidad del Mandatario al designar a Luque. Aunque no cumplía con los requisitos para dicho cargo, quien a su vez designó a Oswaldo Rosero en la gerencia de Flopec, “para facilitar el desvío de fondos públicos a través del contrato con Amazonas Tanker a favor de terceros”.
La defensa de Guillermo Lasso, Edgar Neira, inició su intervención alegando que no conocía de las denuncias en Flopec porque, dijo, toda comunicación que llega a la Presidencia es tratada por la Unidad de Atención Ciudadana. Esto, en referencia a las cartas enviadas por Estupiñán.
La defensa centró sus descargos en demostrar que el Presidente no tuvo conocimiento del contrato entre Flopec y Amazonas Tanker –porque, dijo, eso le corresponde a la gerencia y directorio de cada empresa-.
También alegó que no fue notificado con el examen especial emitido por la Contraloría General del Estado sobre las irregularidades en Flopec. Sin embargo, dijo, se cumplieron las recomendaciones.
Neira también se refirió a los audios publicados por La Posta, sobre las conversaciones entre Hernán Luque, Rubén Cherres y Danilo Carrera, en el que hablan sobre el “desfalco” en la empresa pública y sus “negociados”. No cuestionó el fondo, dijo que esas pruebas deben ser rechazadas porque fueron obtenidas de manera ilegal.
Por último, dijo que el mandatario sí habría tomado acciones tras conocer las irregularidades en las empresas públicas. La primera, pedir a la Secretaría Anticorrupción que elabore un informe, que no se presentó porque la propia Presidencia canceló su difusión y fue el titular de la entidad, Luis Verdosoto, quien decidió difundirlo antes de renunciar.
Neira mencionó que no existen elementos que configuren en peculado y que los contratos de transporte petrolero nunca se celebraron bajo el gobierno de Guillermo Lasso. Por ello, pidió que la Comisión no recomienda la destitución del Primer Mandatario.
Ahora, la Mesa Legislativa de Fiscalización tendrá 10 días más para analizar las pruebas de cargo y descargo y elaborar el informe borrador que se pondrá en consideración de los integrantes de la Comisión para que sea aprobado y pase al Pleno Legislativo. La votación sobre la destitución o no se llevaría a cabo a mediados de mayo.
Tomado de Pichincha Comunicaciones – Foto: Pichincha Comunicaciones