CNE y Consejo de la Judicatura presentaron observaciones al proyecto de reforma de la Ley de Erradicación de Lavado de Activos
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint y Tatiana Sampedro, directora nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura, fueron las nuevas comparecientes en la Comisión de Régimen Económico, para continuar el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Diana Atamaint, tras realizar una explicación sobre las competencias del CNE, que fundamentalmente son de carácter administrativo, manifestó que recientemente se incluyó la Unidad Complementaria Antilavado y un sistema contable de interconexión de datos, cuyo objetivo es impulsar una cooperación interinstitucional, con instancias como la UAFE, que permitan operar con resultados óptimos para detectar eventuales delitos como el lavado de activos.
Recordó que la institución no es sancionatoria, pero sí está obligada a denunciar cualquier anormalidad que se presente en cuestión de presupuestos, destinados a campañas electorales que traspasen el límite autorizado de las distintas organizaciones políticas. El ente sancionador es el Tribunal Contencioso Electoral, manifestó. Sin embargo, insistió que las herramientas de control que el CNE ha implementado, pueden ser de gran ayuda al cruzar información con otras instituciones de control.
Sobre el contenido del proyecto, invitó a la comisión a que se incluya al Consejo Nacional Electoral, debido a que no se lo menciona en ningún artículo.
Por otro lado, sostuvo que también las organizaciones políticas deben ser sujetos obligados a rendir informes sobre el origen y empleo del presupuesto que obtengan para campañas políticas, ya que además de recibir presupuesto del CNE, también puede hacerlo del sector privado, y eso no está controlado. Frente a esto, propuso que el CNE sea la entidad que supervise a las organizaciones políticas como sujetos obligados a rendir cuentas.
De su lado, Tatiana Sampedro, presidenta de Transparencia del Consejo de la Judicatura, rescató la importancia que el proyecto fortalezca a esta institución, a través de políticas públicas para erradicar el lavado de activos, además de diseñar programas de formación para jueces y trabajadores de la justicia, a través de talleres y módulos que orienten cómo enfrentar tácticas delincuenciales como el lavado de activos, terrorismo y delincuencia organizada. “Hay que dotarles de garantías a los jueces para que puedan tomar decisiones porque es muy difícil juzgar a la delincuencia”, recalcó.
Insistió en la creación de plataformas interinstitucionales para colaborar con otras instituciones en la prevención de delitos, y no en las respuestas y reacciones cuando ya estén presentes. Al igual que otros comparecientes, Sampedro reiteró que la renovación tecnológica es fundamental. “Hay que mejorar los recursos tanto humano como tecnológico. “El big data y las herramientas de inteligencia artificial podrían ayudar a identificar con anticipación situaciones sospechosas del delito organizado”, enfatizó.
Recomendó, además, promover la colaboración internacional para trabajar con información de flujo migratorio y controlar la salida de divisas. Estos son, entre otros, aportes y recomendaciones de alertas tempranas, que la comisión acogió para integrarlas en el tratamiento del proyecto.
KC/pv – Asamblea Nacional