Caso Metástasis: Fiscalía formula cargos y pide prisión preventiva para 30 de los 31 investigados
Solo para el exjuez Ronald Guerrero, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió arresto domiciliario por ser un adulto mayor. Todos fueron acusados por la Fiscalía del presunto delito de delincuencia organizada.
Punto Noticias.- La fiscal general del Estado, Diana Salazar, formuló cargos en el Caso “Metástasis” en contra de 31 personas -incluidos jueces, fiscales, guías penitenciarios, policías, entre otros- por presunta delincuencia organizada. Todos fueron detenidos en los allanamientos ejecutados en varias provincias del país.
Lo hizo antes de las 24:00, del jueves 14 de diciembre, mientras pasadas las 03:00 del viernes, 15 de diciembre pidió medidas cautelares en este caso en el que también es procesado Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los procesados, con excepción del exjuez de Guayas, Ronald Guerrero, (alias Momia), para quien solicitó arresto domiciliario por ser adulto mayor.
Además, la fiscal Salazar pidió al juez nacional Felipe Córdova, a cargo del caso, que las cuentas de las 31 personas sean retenidas y se les prohíba enajenar bienes.
Este caso se desprende a raíz del asesinato de Leandro Norero registrado en octubre de 2022 en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.
Según la Fiscalía, luego de ese suceso se obtuvieron varias evidencias, que incluyen los dispositivos celulares con los que el entonces narcotraficante Norero habría montado su estrategia delictiva para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado.
Con este antecedente es que la fiscal Salazar fue indicando durante su exposición ante el juez, el supuesto grado de participación de los investigados.
Helive A. y Alexander N. habrían coordinado y planificado una red de influencias conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional de Justicia y Cortes Provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales.
Dos funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) habrían permitido el ingreso de artículos prohibidos para Leandro Norero a prisión y ayudado a conseguir beneficios para alias “Cuyuyui” y “Madrid”.
La Fiscalía indicó que en listado de investigados también están jueces, un secretario y una funcionaria judicial de Guayas que habrían actuado a favor de Leandro Norero en diligencias por tráfico de armas, lavado de activos, entre otros delitos, para otorgarle impunidad y libertad, y a su familia.
También se sumaron a agentes fiscales de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de Guayas que habrían beneficiado y asesorado a Leonardo Norero con dilaciones en audiencias y cambios de tipo penal en casos en su contra, a cambio de dinero.
Según la Fiscalía, la supuesta red de corrupción, además, la integran servidores policiales, de diferentes rangos. Ellos habrían colaborado con Leandro Norero, filtrando información, simulando operativos para salvaguardar sus bienes y hasta supuestamente manipulando elementos de convicción.
Un grupo de abogados en libre ejercicio también está inmerso en esta trama. Ellos habrían ejecutado acciones para hacer posibles fraudes procesales.
En este punto, la Fiscalía mencionó sobre el pago de sobornos a jueces que conocieron las causas de Leandro Norero y su familia.
Asimismo, en la investigación consta Pablo Ramírez. exdirector del SNAI y un ciudadano que se presume operaba como recadero. Ellos habrían concedido favores penitenciarios y gestionado la entrega de dinero, respectivamente, a favor de Leandro Norero.
Luego de la exposición de la fiscal Salazar, se espera que el juez Felipe Córdova acoja o no lo solicitado, en el marco de este caso de presunta delincuencia organizada.
Tomado de Pichincha Comunicaciones – Foto: Pichincha Comunicaciones