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Asamblea condena violencia perpetrada por el crimen organizado y respalda a las fuerzas de seguridad

Tras casi seis horas de debate, el Pleno de la Asamblea Nacional, presidido por Virgilio Saquicela Espinoza, con 120 votos afirmativos, condenó la violencia perpetrada por el crimen organizado y los atentados terroristas que debe ser entendida por la institucionalidad y el pueblo ecuatoriano como una declaratoria de guerra contra el Estado en su conjunto, amenazando su supervivencia misma, la soberanía, el Estado de derecho y el régimen democrático, por lo que es deber histórico de todas las funciones del Estado coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

A la vez, se solidarizó con el pueblo ecuatoriano en general; y, en particular, con las familias de las ciudadanas, los ciudadanos, servidoras y servidores de las entidades de seguridad que han sido víctimas de la violencia que azota al Ecuador y que ha minado la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos de todas y todos los ecuatorianos.

Igualmente, respalda las acciones realizadas orientadas a retomar el control de los centros de privación de libertad desde donde se ha venido gestando la violencia contra el pueblo ecuatoriano, sin dejar de cuestionar la desidia, la falta de estrategia, de inversión y de acciones concretas y eficaces para enfrentar la crítica situación de inseguridad que enfrenta el país.

El texto resolutivo, propuesto por el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Integral, contiene 17 artículos. En uno de ellos, ratifica a las entidades de seguridad como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria el apoyo de la primera función del Estado para que, conforme a los principios del uso legítimo de la fuerza, cumplan su deber legal de salvaguardar la vida, la integridad, los bienes y el pleno ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos; y, solicita al Gobierno Nacional la asignación de recursos presupuestarios necesarios para cumplir su deber de forma ágil, oportuna, efectiva y eficaz.

También, exhorta a las funciones Ejecutiva y Judicial que, en el marco de la independencia de funciones del Estado y de conformidad con sus competencias, activen los mecanismos institucionales para la investigación y sanción de los responsables de los actos terroristas de los últimos días. De la misma manera, solicita que en un plazo máximo de 10 días las entidades convocadas por el Presidente de la Asamblea Nacional a la Mesa de Seguridad presenten la identificación de necesidades de reforma legislativa para su incorporación en la Ley Orgánica que Regula Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento Institucional y la Seguridad Integral en trámite en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.

Declara como prioridad estatal y convoca a todas las funciones del Estado a una gran cruzada por la Depuración, Reestructuración y Fortalecimiento Institucional de las principales entidades vinculadas a la seguridad como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y Función Judicial, conforme a la convocatoria y resolución aprobada por la Comisión de Seguridad Integral.

Entre otras disposiciones, el Pleno condena la pretendida rebaja presupuestaria en el área de seguridad y justicia evidenciada en la proforma presupuestaria 2023 y exige al Gobierno Nacional la inmediata priorización para la ejecución presupuestaria en estos ámbitos, verificando los presupuestos estatales asignados al sector en el año 2022 y solicita que en el plazo máximo de 15 días desde la aprobación de la presente resolución, el Gobierno presente el desglose de la inversión presupuestaria asignada a cada institución articulada al sistema de seguridad y de justicia para enfrentar la crisis de seguridad durante su periodo de gestión.

Por último, rechaza la inasistencia del Secretario de Seguridad Pública y del Estado, Ministro de Gobierno, Ministro del Interior, Comandante General de Policía, Directora (e) del ECU911 y de las y los gobernadores provinciales, lo que evidencia la inacción gubernamental; y, recuerda a los ministros de Estado y a los gobernadores su deber de comparecer a la Asamblea Nacional y sus comisiones especializadas cuando así les sea requerido y entregar la información solicitada, conforme lo determina la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo incumplimiento, en el caso de ministros y secretarios de Estado, configura causal de enjuiciamiento político.

Durante el debate, en el cual participaron 52 asambleístas, enfatizaron en la necesidad de emprender acciones concretas para enfrentar la ola de inseguridad que afecta al país, con políticas públicas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, una verdadera estrategia de rehabilitación social para disminuir o, acaso, eliminar el hacinamiento en los centros penitenciarios.

Así mismo, varios legisladores acusaron al Gobierno de carecer de una política de combate a la delincuencia común y al crimen organizado pues, al contrario de los anuncios formulados, en la proforma presupuestaria para 2023 se recortan seis millones de dólares a la Policía Nacional.

EG/pv
Fuente: Asamblea Nacional

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