Analizan perjuicios por uso indebido de carnés para personas con discapacidad

Con la presencia del Ministro de Salud Pública, el Presidente del Directorio y Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); Defensoría del Pueblo; Titular de Conadis, y representantes de varias organizaciones de la sociedad civil, el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, que preside Liliana Durán, analizó el perjuicio a jubilados e IESS por uso indebido de carnés para personas con discapacidad.

Tanto autoridades, como sectores de la sociedad civil, expresaron su inconformidad por el uso indebido del mencionado documento. Piden veeduría ciudadana, investigación profunda, castigo a los culpables y la recalificación de los carnés. Los involucrados, creen que las medidas adoptadas para detener la corrupción pueden poner en riesgo sus derechos.

Liliana Durán expuso las denuncias públicas. Explicó que ante los actos fraudulentos, con el uso de los carnés de discapacidad, el Presidente de la República, de manera inmediata ordenó la suspensión de los beneficios en aranceles y detener los autos adquiridos y que aún no han sido entregados a sus propietarios, lo que preocupa a las personas con discapacidad.

Voces ciudadanas

Alexandra Zambrano, fundadora de la Asociación de Discapacidades de Manta, explicó las dificultades para adquirir un carné y el tiempo que demora. Aseguró que sus derechos fueron vulnerados al entregarse este documento de manera irregular y planteó una investigación que vaya desde los médicos calificadores, hasta los directores de subcentros; además, un trabajo coordinado con el Conadis y los órganos rectores para no perjudicar a las personas que necesitan el carné de discapacidad.

Gabriel Riera, en representación de los jubilados, trasmitió preocupación e indignación del sector, al conocer que se entregaron carnés de discapacidad de manera ilegal para obtener jubilaciones, por lo que solicitó se tomen los correctivos correspondientes. Desde Loja, Alexandra Andrade, fundadora de “Hilando sueños en la discapacidad”, dio su testimonio de vida. Pidió se corrijan errores que perjudican sus derechos y apoyo a los artesanos del sector.

Stalin Basantes, ex Coordinador Técnico de la Misión Solidaria Manuela Espejo, aseguró que el problema no es nuevo, solo que ahora ha salido a la luz pública. Considera que hay debilitamiento institucional y pidió transparencia al control social.

Acciones del Ejecutivo

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, explicó el proceso de calificación y recalificación de las personas con discapacidad, quienes para registrarse tienen que llamar al 171 y su valoración es objetiva. Aseguró que es un proceso que se encontraba suspendido por el estado de excepción; sin embargo, alrededor de 3000 carnés se emitieron, evidentemente de manera irregular.

Sostuvo que en las acciones correctivas se conformaron equipos de control y monitoreo para evaluación de los procesos de calificación. Se suspendieron las claves de acceso al sistema informático en línea y se priorizó la revisión en casos que generaron alerta.

Identificaron expedientes que carecen de exámenes y certificados de especialistas; al igual que el uso de examen y el informen del certificado médico para la calificación de estas condiciones; entre otras acciones. El ministro se mostró abierto a la incorporación de las veedurías ciudadanas en la investigación.

Los parlamentarios consultaron sobre la articulación de acciones entre las diferentes carteras de Estado involucradas en la entrega de carnés de discapacidad; transparencia en su labor y sanción a los involucrados. Además, programación y estrategias de la reevaluación para las personas con discapacidad.

En su turno, los directivos del IESS explicaron sus acciones. Jorge Wated, presidente del directorio, aseguró que no han paralizado el otorgamiento de jubilaciones a este sector pero están revisando el procedimiento. Informó que en febrero remitieron al Ministerio de Salud un documento donde se exponía un incremento inusual de solicitudes de jubilaciones tempranas con carnés de discapacidad, desde el año 2014.

Wated cree que existe dolo en la emisión de las jubilaciones tempranas y que si detectan irregularidades, las enviarán a la Fiscalía para recuperar valores y censurar a las personas implicadas. Previo a su exposición, Carlos Tamayo, director general, aclaró que no tiene carné de discapacidad y cuando lo tuvo, no era funcionario público.

Tamayo explicó los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de una jubilación por discapacidad. Indicó que en el periodo de 2014 a 2020, el 2019 ha sido el año con el pico más alto de entrega de este beneficio a 3899 personas. Detalló que de un universo de 9713 beneficiarios, a Guayas le corresponde el 54.6 %; Pichincha 17.23 % y lo demás se distribuye en las provincias restantes. Así mismo, 1500 jubilaciones fueron otorgadas como derecho por discapacidad intelectual.

De su lado, el presidente del Conadis, Xavier Torres, abordó el proceso para el registro nacional de discapacidades, informó que están aportando a la Fiscalía en la investigación y haciendo las tablas de identificación con características, sobre la base datos, para ubicar y establecer los posibles carnés que directamente tendrían procedencia fraudulenta.

Por último, Christian Bahamonde, de la Defensoría del Pueblo, afirmó que tras analizar la situación, evidenciaron que se está produciendo regresión de derechos. Entre las acciones realizadas, mencionó la recepción de denuncias de distintos grupos; el pedido de una investigación minuciosa; y, el retiro de carnés irregulares.

RSA/cz – Asamblea Nacional