58 generales de las FF.AA., en la mira de la Contraloría

Las declaraciones patrimoniales de los generales serán revisadas. El ente de control empezó con el examen del primer grupo, luego de que ya despachara las auditorías de policías y jueces derivadas de la denuncia del embajador Michael Fitzpatrick en 2021.  

Punto Noticias.- La Contraloría General del Estado ha planificado la ejecución de 58 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de los generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Un total de 29 acciones de control se ejecutan con cargo al plan anual de control de la entidad correspondiente al 2023 y las restantes se realizarán en 2024.

Los exámenes a los generales de las Fuerzas Armadas se dan después de que se analizara a miembros de la Policía Nacional y a jueces. En algunos casos, la Contraloría halló indicios de responsabilidad penal y esos informes los remitió a la Fiscalía General del Estado, para que inicie con las investigaciones correspondientes.

El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala que los informes de auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades, tendrán el contenido que establezcan las normas de auditoría y las regulaciones de dicha Ley.

Estos informes serán tramitados desde la emisión de la orden de trabajo de la auditoría, hasta la aprobación del informe en el término máximo de 180 días improrrogables.

Los informes, luego de suscritos por el director de la unidad administrativa pertinente, serán aprobados por el Contralor General o su delegado en el término máximo de 30 días improrrogables y serán enviados a las máximas autoridades de las instituciones del Estado examinadas de manera inmediata.

Generalmente, un examen de este tipo dura entre tres a cuatro meses, todo depende de la respuesta que den otras instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Registro de la Propiedad, las Superintendencias de Bancos y Compañías, entre otras, para cotejar la información.

A los auditores les corresponderá analizar los bienes declarados por cada uno de los 58 generales y determinar si no esconden información.

 

Fitzpatrick abrió el camino para los exámenes de Contraloría

El 13 de diciembre de 2021, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, alertó sobre la existencia de narcogenerales, es decir altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que presuntamente estaban involucrados con actividades del narcotráfico. También denunció a jueces.

El embajador reveló que su gobierno retiró al menos 300 visas a militares, policías, jueces y fiscales, lo que provocó que la Contraloría inicie exámenes especiales de bienes patrimoniales de altas autoridades, de las instituciones involucradas.

Sus pronunciamientos generaron incomodidad en el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, pero no impasses diplomáticos.

Dos días después de las declaraciones de Fitzpatrick, la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, pidió a la Contraloría que inicie un examen especial a las cuentas bancarias y bienes de todos los generales de la Policía Nacional, por los vínculos que tendrían ciertos altos mandos de las fuerzas del orden con el narcotráfico.

Ese mismo día, se confirmó la suspensión de la visa del general de la Policía, Víctor Araus.

Retiro de visas a generales de las Fuerzas Armadas

En agosto de 2022, el embajador Fitzpatrick volvió a actuar. Un total de 18 visas americanas a miembros de las Fuerzas Armadas, en especial de la Fuerza Naval, fueron retiradas bajo la consigna de colaborar con Ecuador para aumentar la transparencia y el Estado de Derecho, combatir la corrupción, luchar contra el narcotráfico y aumentar la seguridad ciudadana.

El 17 de agosto de 2022, Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo no conocer sobre el tema ni los nombres de las personas a las que les fue retirado el documento migratorio.

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El remezón en la Marina hizo que Brúmel Vázquez fuera reemplazado por el contralmirante John Merlo el 21 de agosto. Este último pidió a las distintas jefaturas que solicitaran a los 104 capitanes de navío información sobre si tienen o no la visa de Estados Unidos, si les fue negada o les retiraron. Los oficiales debían entregar la información hasta el 30 de agosto.

Los cambios en la Armada también se dieron por la vinculación de marinos con el narcotráfico. El 11 de agosto, ocho marinos fueron detenidos por robar cuatro kilos de cocaína.

Esa crisis motivó que al interior de las Fuerzas Armadas se crearan departamentos de Asuntos Internos, ya que solo operaban Inspectorías que atendían faltas administrativas para imponer sanciones.

¿Una noticia falsa?

El 19 de septiembre pasado circuló una información en las redes sociales. Se decía que al comandante general del Ejército, Gustavo Acosta, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

En la red social X y a través de una llamada telefónica a su equipo de Comunicación, el Ejército señaló que la información era falsa y maliciosa y no dio más detalles, a pesar de que se decía que el retiro del documento migratorio se habría dado por la primera compra de 20 carros antidisturbios Cobra II a Turquía.

No se descarta que en el primer grupo de generales a ser auditados esté Acosta.

 

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